¿Cómo afectaron los precios del petróleo a las finanzas públicas mexicanas en el período (1982 – 1994)?






Siendo México uno de los principales  países productores de petróleo del mundo, ha basado gran parte de su economía en los ingresos por la venta de esta materia prima. En el caso de nuestro país, el petróleo al ser un recurso público, su explotación y venta está regulada por el gobierno de la nación a través de la empresa paraestatal denominada Petróleos Mexicanos (PEMEX).


Las finanzas públicas de la nación mexicana se han basado, sobre todo desde el sexenio de José López Portillo y Pacheco, en la recaudación por la venta de barriles de petróleo, constituyendo actualmente  la tercera parte de los ingresos federales.

Por estas razones, la variación de los precios de venta de los barriles de petróleo afectan demasiado a las finanzas públicas, ya que un incremento genera un excedente que es aprovechado en la inversión en infraestructura nacional y estatales; pero en caso contrario, si hay un descenso de los precios que no sea contemplado en el plan de egresos e ingresos , pues hay un déficit presupuestario que afectaría en demasiado al desarrollo de la infraestructura del país; por lo tanto, de alguna u otra manera, nuestro destino como nación depende mucho de la variación de los precios del petróleo.

El petróleo al ser una materia prima de costo variante, no es seguro que se obtengan los mismos ingresos siempre, y  sumado a las múltiples especulaciones que existen por este recurso, debe ser bien administrado para evitar problemas económicos o crisis como las suscitadas en 1982 y 1994.

Basar la economía en la petrolización, ha sido una política económica que el gobierno mexicano ha implantado desde que tiene el control del petróleo nacional, no siendo siempre una política del todo acertada, ya que en los momentos en que se creía que el petróleo iba a mantener su alto precio, baja y eso en cierta ocasionó las crisis financieras de 1982, y en menor medida, la de 1994.

En 1976 se contaba con 11,160 millones de barriles y en 1982 se alcanzó la cifra de 72,008 millones de barriles de producción.

Los criterios básicos para impulsar el desarrollo petrolero, teniendo en cuenta que la reserva petrolera se incrementaba aceleradamente, fueron los siguientes:
1.      Satisfacción inmediata, mediata y futura de la demanda interna.
2.      Uso racional y aprovechamiento integral de todos los hidrocarburos.
3.      Exportación de excedente.

En 1979 se tenía consideradas 4 áreas geográficas de producción de hidrocarburos: Reforma en Chiapas y Tabasco, la Sonda de Campeche, Chicontepec en Veracruz y Sabinas en Coahuila.

Petróleos Mexicanos es la empresa pilar del sector industrial paraestatal, sobretodo en este período por las siguientes razones:

- En 1976, sus ventas de crudo y petroquímicos básicos representaban el 16 % de las exportaciones del país; para 1979, fueron el 49 %.
- En 1976, PEMEX contribuyo directamente con un 5% al incremento del PIB; para 1979, fue del 16 %.
- En 1976, los empleos directos en PEMEX y en las obras que realizó fueron 125 mil; en 1979 fueron 167 mil, o sea, aumentaron en un 34 %.

Cuando en el mercado internacional del petróleo la oferta superó a la demanda, nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos de penetración y consolidación. Este hecho permitió destacar que necesitábamos una infraestructura y una organización comercial muy superiores a las disponibles.

En 1982, las reservas probadas ascendían a 72 mil millones de barriles de hidrocarburos totales; volumen 11 veces superior al que se tenía en 1976.

En 1981, se inició un programa de reforma administrativas y la institución, con el cual se fortalecieron los aspectos organizativos, comerciales y de finanzas de la empresa. México se convirtió en el 4ª país productor de hidrocarburos, y el 4ª por el volumen de sus reservas.

1983 fue un año difícil para el mercado petrolero internacional, la demanda mundial de crudo descendió. Nuestro país modifico el precio oficial de exportación del crudo mexicano en respuesta a los cambios que se registraron en el mercado mundial. El barril del crudo Istmo se cotizó en 29 dólares, esto es, 3.50 dólares por abajo del precio vigente hasta entonces.

Nuestro país realizó múltiples esfuerzos tendeentes a conseguir precios estables en el mercado internacional del petróleo.

Mantuvo un diálogo constante con los productores, tanto dentro como fuera de la organización de países exportadores de petróleo. PEMEX actúo siempre con la prudencia que merece la estabilidad del mercado mundial y con absoluto respeto a los intereses nacionales.

México nunca especulo con su petróleo vendiendo crudo en el mercado ocasional ni participando en operaciones de trueque. Siempre vendió su crudo bajo contratos de largo plazo con clientes establecidos y a precios oficiales.

En Noviembre y Diciembre de 1984, de la misma manera que los hicieron otros países productores de petróleo, nuestro país redujo en 100 mil barriles por día su exportación, con el fin de contribuir a mantener el precio del crudo.

Los precios del petróleo siguieron bajando a pesar de las medidas que se tomaron para evitarlo. El desequilibrio fundamental entre la oferta potencial y la demanda real del crudo en el mundo se mantuvo. En 1986, los precios del petróleo se redujeron a la mitad. El precio medio por barril de crudo exportado cayó más de 25 dólares a menos de 12. Sin duda, la drástica reducción de precios del petróleo trajo consecuencias a la economía mexicana.

Durante 1986, PEMEX tuvo logros importantes en el desarrollo en cuestiones tecnológicas y de ingeniería para el establecimiento de plataformas marinas.

Los acontecimientos de 1982
A comienzos de 1982 el precio internacional del petróleo continuaba cayendo, la fuga del capital estaba en su punto máximo, y a casi la mitad de la deuda externa del país debía de ser pagada o refinanciada en los siguientes 12 meses.

En Febrero, la opción elegida por el gobierno fue un paquete de contracción fiscal y devaluación del tipo de cambio, manteniendo la libre convertibilidad del peso. Las medidas de política fiscal incluían un aumento del precio de los energéticos producidos por el sector público, y reducciones a los subsidios para alimentos básicos. El Banco de México, por otra parte, anunció el abandono de su intervención en el mercado cambiario, lo que llevo a una devaluación del peso en 80 % durante el mes de Febrero de 1983, y reafirmó el objetivo de preservar la libre convertibilidad de la moneda.

El paquete de política adoptado marco el inicio de la recesión y de una rápida aceleración de la inflación. Las consecuencias recesivas e inflacionarias fueron el cambio brusco y radical de las perspectivas cambiarias, el fuerte incremento en el precio de los bienes de capital importados y en el valor real de la deuda externa de las empresas resultantes de la devaluación, determinado por la masiva fuga de capitales.

La fuga de capital se convirtió entonces, por mucho, en la principal fuente de desequilibrio en la balanza de pagos, provocando disminución de los préstamos del exterior, y reducción de las reservas del banco central.

En Agosto siguieron nuevas devaluaciones, la adopción de un sistema dual de cambios y la declaración de suspensión de pagos sobre la deuda externa por parte del gobierno mexicano. Había comenzado así, la crisis de deuda internacional.

Las circunstancias económicas y políticas tomadas por el gobierno fueron la nacionalización de la banca privada y la adopción de un sistema de control de cambios. Culminaba así una crisis mayor que involucro al gobierno y a los grandes bancos privados.

La reevaluación del tipo de cambio real de 1978 a 1981 quizá no deba verse como un error de política económica, al menos para la mayor parte de el periodo, sino mas bien como una consecuencia inevitable de el auge petrolero y de la expansión fiscal de 1981.

El sexenio de José López Portillo.
José López Portillo y Pacheco asume el poder el 1° de Diciembre de 1976 en medio de una situación económica de crisis provocada por el exceso en gasto público y las malas medidas adoptadas por los gobiernos anteriores. El peso se devalúa y la deuda externa aumentaba, aunada a la gran explosión demográfica y a la necesidad de más fuentes de empleo, este nuevo mandato tenía como misión fundamental reestructurar la economía.

López Portillo gana la presidencia en medio de unas elecciones polémicas, ya que prácticamente fue el único candidato registrado (había otros que no acaparaban la simpatía de grandes masas de la población), por lo que se tenían que tomar medidas urgentes para contrarrestar tanto la crisis económica como la política que ponía entre la espada y la pared al régimen priísta que andaba en declive.

Al conocerse la existencia de nuevos yacimientos de petróleo, y sumado a los altos precios internacionales que mantenía este valioso energético, López Portillo decide imponer su modelo de crecimiento económico acelerado, el cual fue como una etapa intermedia entre el modelo imperante de sustitución de importaciones y el neoliberal, pero de esto último hablaremos más adelante.

En el inicio de su sexenio, su capital político era grande. Por la grave situación económica del país, la lógica y el sentido común indicaban que los dos primeros años estarían destinados a tomar medidas emergentes, y teniendo el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de no contraer una deuda mayor de 3 mil millones de dólares anuales y de controlar su déficit presupuestal, la administración de López Portillo decide reemplazar el modelo de sustitución de importaciones por el plan de crecimiento económico acelerado, el cual consistía en 3 fases que durarían 2 años cada una, y esas fases consistían en lo siguiente:

1. Reestructuración de la economía.
2. Consolidación.
3. Crecimiento Acelerado.

Para lograr llevar a cabo este plan, se decide pedir prestamos a organismos internacionales y a otros países para llevar a cabo inversiones que explotaran al máximo la producción de petróleo en el país, ya que se tenía esperanza de mantener los precios altos del mercado, y convertir con esto a México en uno de los principales productores de petróleo, y se creía que con la abundante venta del oro negro, México dejaría a un lado el subdesarrollo. Y aunque en un principio estas medidas tuvieron un cierto rango de éxito, con el paso de los años se vio que no fue una buena idea, ya que siendo el petróleo uno de los mercados más inestables del mundo, no se puede basar la economía del país en sólo un recurso, y la razón de eso la iremos viendo a lo largo y ancho de este ensayo.

El crudo abrió un nuevo horizonte ante la crisis. Se presentó como la oportunidad real de garantizar el crecimiento y desarrollo del país. De 1976 a 1982 los yacimientos colocaron a México en el cuarto lugar mundial de producción petrolera. Con la garantía del oro negro, los organismos internacionales ofrecieron préstamos al gobierno mexicano para apoyar los proyectos, las grandes obras públicas y para sostener el monstruoso aparato burocrático que no dejó de crecer en el sexenio. La economía comenzó su reactivación y sobrevino el endeudamiento.

En su toma de posesión, el presidente López Portillo manifestó que el petróleo sería un factor clave para reconstruir la economía mexicana. Se visualizaba que México se movería rápidamente para desarrollar su potencial de hidrocarburos. Parecería que para lograr ese objetivo con rapidez las empresas extranjeras serían una opción, pero se confrontaba esa idea con el espíritu nacionalista todavía imperante, y era abiertamente reconocido por el presidente López Portillo que la disposición constitucional seguiría vigente y protegida.

El país que recibió López Portillo tenía una situación económica muy difícil: si bien en 1976 el PIB mostraba un crecimiento real en pesos de 4.4 % sobre 1975, hecho el cálculo en dólares y tomando en cuenta la devaluación y el incremento demográfico, el PIB per cápita cayó 2.5 %, el déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1% del PIB y la inflación oscilaba tasas de 27.2 %. La deuda externa total al 30 de Junio de 1977 era de 20 mil 948 millones de dólares, o sea, más de 4 veces la deuda que se tenía en la administración de Gustavo Díaz Ordaz. El único punto positivo era que, como consecuencia de la devaluación, el déficit de la balanza comercial se redujo al igual que el de la cuenta corriente.

Asimismo hizo un llamado a los empresarios para que unieran sus esfuerzos en una “Alianza para la Producción” en que intervendrían todos los sectores. Expresó que tocaba a los patrones contribuir para aliviar la carga pública, y que el gobierno no se oponía a que ganaran si el país ganaba con ellos. En materia hacendaria prometió que el empresario que quisiera invertir encontraría en la política fiscal una fuente de estímulo; manifestó también que se daría mayor progresividad al impuesto sobre la renta a personas físicas, pero que en cambio se alentaría la reinversión de las empresas; para elevar el ahorro doméstico emitió los petrobonos con tasas de interés atractivas e indexadas al precio del crudo, que entonces estaba al alza; igualmente y con el mismo propósito permitió que la banca recibiera depósitos en dólares que cubrirían los riesgos cambiarios.

En su primer informe anunció que México, hasta hacía poco importador neto de petróleo crudo, ahora contaba con reservas de 24 mil millones de barriles y que la producción petrolera alcanzaba ya la cifra récord de un millón de barriles diarios. Para evitar que se quemara el gas que se escapaba al tiempo que se extraía el petróleo, se pensó en construir un gasoducto de Cactus, Chiapas, a Monterrey y luego a Chihuahua y la frontera norte.

Si bien el presidente López Portillo había fijado como objetivos prioritarios de su gobierno el combate a la inflación y el desarrollo de los energéticos, a partir de que descubrió que México era un país de gran potencial petrolero se fue apartando de la lucha antinflacionaria para concentrarse en la industrialización del país, aprovechando las riquezas inagotables de nuestros mantos petrolíferos.

La situación de PEMEX para finales de los años setentas se refleja en la exploración de los yacimientos mexicanos que arrojó incrementos espectaculares de las reservas de la siguiente manera.

Reservas petroleras (millones de barriles)
Año
Probadas
Probables
Potenciales
1978
20,000
37,000
200,000
1979
45,800
45,000
200,000
1980
60,126
38,042
250,000
1981
72,000
58,650
250,000
1982
72,000
90,000
250,000

Como consecuencia lógica del incremento de las reservas, la producción aumentó, haciendo que México ocupara el 6° lugar mundial en reservas de petróleo, y el 5° en la producción del mismo. Por aquel entronces el gobierno aseguraba que México consumía más gasolina que Italia y que se alcanzaría en este renglón a Francia e Inglaterra.

En virtud de los resultados, la banca internacional se apresuró a ofrecer créditos al gobierno, segura de que México era un excelente sujeto de crédito, dados sus enormes recursos petroleros. La deuda externa, que en 1977 era de menos de 21 mil millones de dólares, ya para 1982 alcanzaba los 76 mil millones, de los cuales el 80 % correspondía al gobierno y el 20 % restante a la deuda privada. Por ello el presidente optó por una expansión económica acelerada, aprovechando la oportunidad que abría el petróleo.

Con el caudal de dinero proveniente del petróleo y del crédito se intentó un proyecto de industrialización y modernización en 5 años que rebasaba todas las posibilidades técnicas y económicas. El gasto público se desbocó: en 1978 creció 38% sobre el de 1977, el presupuesto de egresos se elevó 23 % y el de la inversión pública 37 % sobre el año anterior; en 1980 el gasto público volvió a crecer 33 %, el de la inversión 35.5 %, el destinado al campo 100 % y al comercio 200 %; para 1981 los egresos del erario se incrementaron 55 %, los de la inversión pública 40 %, el gasto corriente 55 %, y el servicio de la deuda 36 %.

No obstante este gasto terriblemente expansivo tuvo muchas consecuencia positivas: la oferta de electricidad se duplicó entre 1977 y 1982; el PIB industrial creció en este periodo a una tasa anual de 9 %; la ocupación indutrial aumentó a una tasa de 5.5 % por año; entre 1977 y 1981 se crearon 1,800,000 empleos y en 1979 la oferta de trabajo por primera vez fue mayor que el aumento de la población: la masa salarial creció en 1980 39% por el mayor empleo y mejores salarios; se logró la autosuficiencia en maíz, arroz y frijol; se lograron las reservas de granos más grandes de la historia hasta entonces; el poder adquisitivo del salario aumentó apreciablemente, como lo demuestra el hecho de que en 1970 el salario mínimo compraba 28 kilos de tortillas y en 1982, 33 kilos.

PEMEX no fue la excepción al desarrollo; en 1981 entró en servicio “La Cangrejera”, el complejo petroquímico más grande del mundo. Hubo sin lugar a dudas un progreso muy importante durante esta etapa, lamentablemente esto no duraría para siempre.

Variación porcentual anual del PIB
1977
3.4 %
1978
9.0 %
1979
9.7 %
1980
9.2 %
1981
8.5 %
1982
-0.6 %

El fuerte crecimiento debe atribuirse en su mayor parte a la industria paraestatal que en el quinquenio de 1978-1982, el incremento de su producto fue más del doble que el de la industria privada. Los hidrocarburos, contribuyeron en el 75 % de la exportación de manufacturas.

Respecto de la participación privada, particularmente extranjera, en 1977 PEMEX contrata con Haliburton la administración del proyecto de instalaciones en la 1° producción comercial a gran escala en la bahía de Campeche, sin ser la intención depender de las compañías extranjeras para adquirir experiencia en las operaciones marinas. Se otorgaron diversos contratos, básicamente para desarrollo de ingenierías a compañías extranjeras, y en el desarrollo de construcción de proyectos, compañías mexicanas se llegaron a asociar con otros consorcios extranjeros como ICA o Bechtel.

Hay que puntualizar que no obstante que el crecimiento en la industria petrolera fue increíble, así como muchos de los indicadores económicos de esa época se elevaron, habrá que advertir que buena porción de este crecimiento fue ficticio porque la mayoría de las industrias paraestatales produjeron a costos desmesuradamente altos, que los obligaban a operar en números rojos y a no ser competitivas en el mercado interno, a no ser que el erario público cubría sus pérdidas a través de generosos subsidios. La situación hubiera sido más catastrófica de no haber sido porque la inversión privada aumentó considerablemente.

Los recursos del petróleo y de los créditos no sólo se derrocharon en malas inversiones, se otorgaron subsidios que crecieron aproximadamente a una tasa anual de 39 %. En 1978 se destinaron 7 mil 400 millones de pesos al consumo popular; al año siguiente más de la mitad de los excedentes petroleros consistieron en subsidios también al consumo, excediendo a 20 mil millones los destinados a apoyar los precios del azúcar, maíz, leche, carne, huevo, oleaginosas, trigo, fríjol y arroz. En 1980 era impresionante lo que se subsidiaba al consumidor mexicano en la gasolina y el diesel, tan es así que el gas natural era 10 veces más barato que en el extranjero.

El 17 de Febrero de 1982 se retiró el Banco de México del mercado de cambios, devaluándose el peso. En 1981 el financiamiento de la cuenta corriente dependía solamente de que la banca internacional mantuviera las expectativas de un alza continua de los precios del petróleo. No sucedió así y las cotizaciones del barril tuvieron una baja relativamente moderada de 38.5 dólares el petróleo Istmo y 32 dólares el Maya, a 30.60 dólares la mezcla, en la que 40 % correspondía al primero y 60 % al segundo. Este descenso en el precio del barril bastó para que estallara el globo de espuma de las ilusiones petroleras.

Al parecer las fuerzas del mercado se conjugaron para abatir los precios monopólicos impuestos por la OPEP. La oferta se incrementó porque las altas cotizaciones del petróleo indujeron a que entraran al mercado países hasta ese entonces productores marginales como Nigeria, Indonesia o Ecuador. Pozos que ya no se explotaban por incosteables volvieron a entrar en producción y se empezaron a desarrollar fuentes alternativas de energía como la del carbón, caña de azúcar, solar, nuclear, etcétera.

Al mismo tiempo la demanda se contrajo por los altos precios, por la introducción de automóviles y otras máquinas que exigían menor consumo de hidrocarburos y, en fin, porque las disciplinadas poblaciones de los países nórdicos atendieron las invitaciones de sus gobiernos a reducir sus consumos de combustibles.

Para paliar los efectos de la devaluación el gobierno emprendió una tardía disminución del gasto público, impuso más controles a la importación, subió los precios y tarifas públicas y elevó las tasas de interés, pero acto seguido decretó un alza general, eminentemente populista, de sueldos y salarios de 10, 20, 30 % que elevó los costos de producción, atizando la inflación y haciendo nugatorias las demás medidas. Esto avivó la desconfianza y, a pesar de la fuerte devaluación, el público siguió comprando dólares y los acreedores del gobierno dejaron de renovar sus créditos.

Ante esta situación el gobierno tomó medidas desesperadas como pagar en pesos los depósitos en dólares hechos por mexicanos en la banca nacional para no enviar sus ahorros al extranjero; acto seguido se cerró la venta de dólares por cuatro días y, finalmente, el presidente José López Portillo, sin tomar más consejo que el de Carlos Tello y el de su hijo, decidió la estatización de la banca y el establecimiento del control de cambios.

El Banco de México fue convertido en un organismo público descentralizado y para su dirección fue nombrado Carlos Tello en lugar del licenciado Miguel Mancera, experimentado y hábil banquero central, que meses antes había demostrado irrebatiblemente que el control de cambios era nocivo e inaplicable en México.

El derroche creciente de los fondos públicos en inversiones excelentes o dispendiosas, en gastos cuyo propósito era loable o dudoso, condujeron invariablemente a un cada vez mayor déficit hacendario y éste, a su vez, a una inflación rampante.

Se fue acumulando un déficit tanto en la balanza comercial como en la cuenta corriente, debido este al creciente servicio de la deuda externa.

A la baja del petróleo se unió la caída de las cotizaciones del café en 16 %, del algodón 12 %, cobre 51 % y plomo 25 %, materias primas todas que constituían las principales exportaciones de México.

Con todo esto la desconfianza popular se exacerbó y se acentuó la quiebra de las finanzas públicas, y posiblemente en respuesta a ello se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero de 1980 la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los estados.

En 1981 los precios del petróleo cayeron drásticamente. Al finalizar el sexenio, la deuda exterior había crecido de 26 mil millones a 80 mil millones de dólares. La inflación se disparó y el tipo de cambio pasó de 22 pesos por dólar en 1977 a 70 en 1982. Con todo y su carisma y su perfecta oratoria, hacia el último informe de gobierno de gobierno, el pueblo repudiaba a López Portillo. Lo acusaban de nepotismo y corrupción, de permitir el enriquecimiento de su familia y sus colaboradores a costa de la pobreza del pueblo.

Su último informe de gobierno fue también un acto de la sinrazón y el autoritarismo. Frente a todos los mexicanos lloró de rabia: “Ya nos saquearon. México no se ha acabado. Ya no nos saquearán”, dijo mientras enjugaba sus lágrimas. Acto seguido nacionalizó la banca.

José López Portillo perdió la gran oportunidad histórica de convertir a la nación mexicana en una potencia intermedia permanente. En cambio, la condujo al otro extremo: el de la dependencia absoluta. Al terminar su sexenio entregaba un país hundido en la desesperanza.

Ante este sombrío panorama, el nuevo gobierno (el de Miguel de la Madrid Hurtado), tuvo que realizar una serie de modificaciones en la economía y en la regulación de Petróleos Mexicanos, para con ello poder contrarrestar la crisis económica desatada en 1982.

El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.
Cuando asumió el poder, el país se encontraba en la ruina económica. Con una deuda externa inicial de 90 mil millones de dólares (herencia de López Portillo), difícilmente había alternativa. Solicitó entonces de los mexicanos un nuevo sacrificio y fue muy disciplinado antes las condiciones que, para ayudar a México, impusieron los organismos financieros internacionales. Fue, sin embargo, un presidente que le rehuyó al poder y durante seis años dejó hacer y dejó pasar.

Bajo su gobierno México inició el tránsito hacia el neoliberalismo (disminución de las barreras proteccionistas, adelgazamiento del estado, apertura comercial, privatización de industrias paraestatales), y sentó las bases para la gran apertura económica – en 1985 ingresó al Acuerdo General de Aranceles y comercio (GATT)-; por consiguiente la dependencia respecto de Estados Unidos fue oprobiosa.

La situación económica era desesperada al momento de tomar posesión de la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado: en 1982 la inflación prácticamente alcanzó el 100%; el dinero en circulación creció poco más de 75%; el déficit del sector público llegó a 16 % del PIB y el déficit primario, es decir, sin considerar el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública, fue de 7.3 %; las erogaciones totales del erario público significaron nada menos que 27 % del PIB. No había ya control sobre el presupuesto porque la desviación del gasto público fue de 66% de lo presupuestado. En fin, el desempleo abierto en ese año alcanzó 8 %, cifra que sólo es indicativa porque hay que agregarle más de 20 % por concepto de subocupación.

A los problemas internos hay que añadir que la situación internacional era poco favorable a la economía mexicana: monedas inestables, alto costo del dinero y una baja importante de la demanda del petróleo y de otras materias primas, como consecuencia de la revolución tecnológica que entonces se iniciaba y que hoy ha perneado todos los aspectos de la economía mundial.

Ante estos factores negativos los países en desarrollo encontraron que las estrategias que les había permitido desarrollarse en el pasado inmediato estaban totalmente agotadas.

El problemas más grave por lo urgente era el de la deuda externa, cuyo monto al dejar la presidencia López Portillo era de 91 mil millones de dólares, lo que significaba 53% del PIB; de esta deuda 19 mil 600 millones fueron contraídos en 1981 y 7 mil 719 millones en 1982, lo que quiere decir que en los 2 últimos años del gobierno de López Portillo el país incrementó su deuda con el exterior en 27 mil 319 millones cuando en 1980 era de 64 mil 233 millones, o sea, aumento 30 % aproximadamente.

Más que en su monto, lo verdaderamente dramático era que 46 % de la deuda estaba contratada para ser pagada en 3 años o menos, y 27 % para ese mismo año de 1983; era por tanto impagable y por ello su servicio quedó suspendido desde 1982 con el siguiente descrédito del país. Como es lógico los acreedores extranjeros no renovaron sus créditos, lo que convertía en angustiosa la situación del gobierno porque en el último año los recursos provenientes de la deuda financiaron 33 % del presupuesto.

La solución en el corto plazo era renegociar la deuda para extender plazos y, de ser posible, bajar intereses y lograr quitas; pero los acreedores no estaban dispuestos a negociar mientras el gobierno mexicano no demostrara con hechos que había suspendido el derroche y que hacía esfuerzos por equilibrar las finanzas públicas.

El primer paso que dio el gobierno fue un cambio en el discurso conceptual: había que combatir la inflación, el incremento general de los precios era la causa del descenso del consumo y del nivel de vida de los trabajadores, para abatir el fenómeno inflacionario era indispensable el equilibrio de las finanzas públicas y para superar la crisis era menester un ajuste dramático de la economía que implicaría inevitablemente medidas amargas pero necesarias y un fuerte costo social. Se instrumentaron así varias líneas de acción con el nombre de Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE).

Dentro de los cambios regulatorios que complementaron la reforma constitucional en ese tema y que tuvieron impacto en PEMEX se encuentran la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, expedida en diciembre de 1982; y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, expedida en mayo de 1986.

El gobierno se propuso en primer lugar disminuir el déficit público como proporción del PIB de 16 % al que llegó en 1982 a 8 % mediante el ajuste selectivo del gasto y el fortalecimiento de los ingresos. La reducción del gasto se fue haciendo con demasiada lentitud por las resistencias políticas que provoca; pero para aumentar los ingresos del erario se actúo con prontitud y firmeza.

Se estableció una sobretasa al Impuesto Sobre la Renta de 10 % a los contribuyentes con ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo, al mismo tiempo se concedieron desgravaciones a los de menores ingresos. Para evitar la evasión de los impuestos en los ingresos del capital se eliminó el anonimato en la tenencia de acciones; se incrementó la tasa general del IVA de 10 a 15%, se aumentó 20% la tasa sobre los bienes y servicios considerados de lujo y se elevaron los precios y tarifas del sector público, sobre todo en los casos en que se suponía que eran más consumidos por los estratos de mayores ingresos. Con estas medidas, ya para Junio de 1983 la recaudación fiscal había aumentado 124 % en relación con el mismo mes del año anterior, lográndose la meta de abatir el déficit público a la mitad como proporción del PIB (de 15.7 a 8.1 %).

La devaluación de Febrero de 1982 y las que siguieron en ese año provocaron que las importaciones se redujeran 37% en relación con 1981; los efectos de las devaluaciones del año anterior, más los que con menor intensidad se dieron en 1983 (8%) dieron lugar a otra baja de las compras al exterior, en esta ocasión de sólo 6.5%, pero que acumulada a la del año anterior constituyó una corrección importante. Por otra parte, el impacto de las devaluaciones en estos 2 años, más la tendencia al alza de las exportaciones, hizo que éstas subieran 3.2 % en 1982 y 7.9 % en 1983. Ambos efectos combinados tuvieron como consecuencia que de un déficit en la balanza en cuenta corriente de 16 mil 241 millones de dólares en 1981 y de 5 mil 890 en 1982, se pasara a un superávit de 5 mil 860 millones en 1983.

Para lograr este resultado el gobierno simplificó el control de cambios, aunque conservándole todo su rigor: siguieron dentro del mercado controlado las divisas provenientes de las importaciones prioritarias, las exportaciones de mercancías y los pagos correspondientes a la deuda externa, pública y privada, quedando en el mercado libre todo lo demás (turismo y algunas otras migajas). Igualmente se eliminó el requisito del permiso previo de exportación a 94% de las fracciones arancelarias y se simplificó el sistema de importación temporal para la exportación, quedando únicamente sujetas a permiso 186 fracciones.

Otra medida para corregir las cuentas externas fue abatir el contenido importado de la inversión pública a 15%, mientras que en 1982 éste había llegado en algunos sectores a 70 %. Por ello PEMEX recibió instrucciones precisas de reorientar hacia proveedores nacionales sus compras de bienes de capital e insumos.

Contribuyó a restablecer la confianza en el interior del país y entre los inversionistas extranjeros el que se iniciara el proceso de valuación de cada banco para acordar una indemnización justa a los antiguos accionistas de la banca. Este hecho, el inicio del arreglo de las finanzas públicas, el superávit de la balanza comercial y en cuenta corriente y la indudable potenciabilidad del país hicieron posible que se empezará a renegociar la deuda externa, de tal manera que al terminar 1983 se reestructuraron casi todos los vencimientos a corto plazo que un año antes equivalían a más de la quinta parte del servicio de la deuda. Más aún, aunque los efectos de la crisis estaban todavía presentes, fue posible en 1983 obtener créditos en el exterior por unos mil 300 millones de dólares adicionales, que contrastan muy favorablemente con el excesivo endeudamiento de los 2 últimos años del sexenio anterior.

Todas estas medidas sólo lograron la modesta meta de hacer descender la inflación de 98.9 % en que se sitúo a 80.8 % en 1983, nivel que siguió siendo enorme. En cambio, el que el PIB hubiera caído sólo 3.4 % debe considerarse más que un triunfo, un milagro que debe atribuirse a las políticas austeras del gobierno del presidente De la Madrid.

Pasado el peor impacto de la crisis de 1982, el gobierno pudo ya en 1984 poner en práctica el Plan Nacional de Desarrollo que debía regir hasta el fin del sexenio y que se había centrado en dos grandes líneas: la reordenación de la economía y una política de cambios estructurales.

Durante los años de 1984 y 1985 siguió la tendencia de recuperación de la economía, aunque difícilmente se podría decir que se había superado la crisis. En el primero de esos años el PIB creció 3.4 % y en el segundo 2.2 %, tasa inferior a la del aumento de la población. Sin embargo, hay que considerar como un logro el que dadas las circunstancias no se hayan producido quiebras masivas ni haya crecido el desempleo abierto.

La producción industrial iba aumentando; en 1984 creció 7% sobre la de 1983, la generación de energía eléctrica subió 8.8%, la construcción, que fue el sector más golpeado por la crisis, tuvo un aumento de 6.8 %, la producción de petroquímicos que en 1983 fue superior 6% sobre la de 1982, volvió a elevarse en 1984; la capacidad instalada de electricidad en 1985 era ya mayor en 13% a la de 1982.

Se lograron ahorrar recursos, divisas principalmente, incrementando la eficacia de las paraestatales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentó la productividad por hombre ocupado de 927 mil a 998 mil kilovatios por hora y la utilización de la capacidad instalada en las termoeléctricas subió de 64 a 72 %. PEMEX cubrió 85% de sus gastos totales con recursos propios, mientras que en 1982 esa proporción era de 61%. Para ahorrar energía logró reducir 10% el consumo de hidrocarburos en sus procesos internos; además la quema de gas en la atmósfera bajó de 15% de la producción en 1982 a sólo 6% en 1985.

Los avances logrados se compensaron en gran parte porque los precios del petróleo siguieron bajando para pasar de 30.60 dólares el barril de la mezcla mexicana en 1980 a 28 en 1985. Este descenso que parece pequeño era particularmente grave porque se adicionaba a los que ya habían acontecido en 1981 y 1982 y porque el petróleo significaba 76% de las exportaciones de México y más de la mitad de los ingresos del erario. En Junio de 1985 el país intentó mantener los precios y esto le costó la pérdida de la mitad de su mercado, por lo que en Julio y Agosto tuvo que recortar sus precios a niveles internacionales para poder recuperar lo perdido. Por la exportación del petróleo se obtuvieron 16 mil 600 millones de dólares en 1983 y 16 mil en 1984, mientras que en 1985 este ingreso declinó 800 millones por la baja del precio y otros 800 por la disminución del volumen vendido.

A la baja de los precios de los hidrocarburos siguió la de las materias primas minerales, agropecuarias, pesqueras y fibras textiles que, junto con el petróleo representaban casi la totalidad de las exportaciones mexicanas. Fue necesario renovar las medidas de austeridad de 1983.

Por el lado de los ingresos, si bien no se incrementaron los impuestos, sí se elevaron en varias ocasiones en 1984 y 1985 los precios y tarifas del sector público, lo que permitió a PEMEX sanear sus finanzas y reducir su deuda, pero que fue insuficiente para el sector eléctrico, que siguió teniendo un fuerte problema financiero.

Muy pocos de los esfuerzos realizados se reflejaron en las estadísticas: el déficit público que en 1984 había descendido a 7.2% del PIB, en 1985 repuntó a 8.3%; la inflación que había descendido a 59% en 1984 se elevó de nuevo a 64% en 1985; en fin, como consecuencia de una inflación muchas veces superior a la estadounidense, el tipo de cambio se desplomó de 162.10 pesos por dólar en 1983 a 450 en 1985.

Se decretaron reformas a la Constitución para introducir en ella conceptos tales como al rectoría del Estado en la vida económica, la planeación democrática y la definición de la economía mixta dividida en pública, privada y social. Pronto se aclaró que la planeación era obligatoria para el gobierno, inducida para los particulares y concertada entre el gobierno federal y los estados. 

Entre las reformas constitucionales destacan dos expresiones novedosas para denominar las actividades o áreas económicas reservadas exclusivamente o compartidas con el estado: las estratégicas y las prioritarias.

Las estratégicas son las reservadas en exclusiva al estado, sea que las atienda directamente o a través de sus sector paraestatal, y las prioritarias son aquellas en las que el Estado participará en asociación con el sector social y privado. Y se determina uno de los cambios fundamentales a la Constitución: sólo podrán reservarse actividades exclusivas al estado mediante ley, lo cual impedía que por mero decreto expropiatorio una actividad económica se convirtiera en estratégica, requiriendo obviamente la participación del Congreso al limitarlo a ser mediante una ley.

Evidentemente estas reformas no eran motivadas por el sector petrolero sino más hacia la situación de la banca mexicana.

Las exportaciones no petroleras y el turismo se vieron alentados por las devaluaciones del peso, pero finalmente descendieron en 1985 como resultado de la caída de las materias primas que México exportaba, principalmente petróleo; igualmente el tipo de cambio depreciado encareció los productos extranjeros y por ello su importación mantuvo una tendencia a la baja, que fue interrumpida por el mayor dinamismo de le economía en 1984.

El gobierno persistió en 2 reformas estructurales profundas: la primera de ellas consistió en privatizar las empresas paraestatales que tuvieran números rojos, y la segunda fue una mayor apertura al comercio exterior.

En el primer semestre de 1986 el precio del petróleo se derrumbó estrepitosamente de 24 dólares el barril en 1985 y de 22.50 en que se había previsto en el presupuesto de 1986 a 12, y en algunos momentos 8.30 por barril de mezcla mexicana. Este colapso del precio del hidrocarburo fue 3 veces más grande que la baja que derrumbó a la economía lopezportillista; la pérdida de recursos equivalió a un tercio de las exportaciones totales, a 20 % de los ingresos del erario, y a 6% del PIB (aunque con las medidas tomadas el PIB tuvo una caída más moderada). Fue también equiparable a toda la nómina del gobierno federal y, en fin, la pérdida de ingresos fue superior a la inversión pública programada para ese año. No debe extrañar que durante 240 días se estuviera al borde de un colapso económico.

Durante ese período el gobierno tuvo de nuevo que empezar por equilibrar las finanzas públicas, como si nada hubiera hecho en los anteriores 3 años: Por el lado de los ingresos incrementó los impuestos a las bebidas y al tabaco, redujo los plazos a los contribuyentes para que cumplieran sus obligaciones fiscales, fijó una carga adicional progresiva y transitoria al Impuesto Sobre la Renta, aumentó de nuevo los precios y tarifas públicas y en el caso de la gasolina elevó su precio a pesar de que en el resto del mundo estaba a la baja. En fin, para obtener más recursos el gobierno reemprendió la privatización de las paraestatales no estratégicas ni prioritarias, lográndose la desincorporación de 205 entidades en 1986, quedando en proceso otras 261.

Al mismo tiempo se recortó el gasto programable, esto es, exceptuando el servicio de la deuda, a 22 % del PIB, cuando en 1981 era de 31 % y se eliminaron subsidios al consumo para que sólo quedar los otorgados al maíz y a la harina de trigo; los destinados a las paraestatales redoblaron sus esfuerzos para mejorar su productividad y disminuir sus importaciones. PEMEX, por ejemplo, bajó sus compras al exterior a 17% de las totales y redujo la quema de gas a 3%; CONASUPO importó casi la mitad de lo que compraba 3 años atrás.

Como resultado de seguir políticas prudentes y austeras, a mediados de 1987 parecía que la economía había superado la crisis, en el 2° semestre el PIB creció 3.4 %, el superávit primario de la hacienda pública fue de 1.6 % del PIB, las exportaciones no petroleras se incrementaron 24% sobre 1985, año en que ya habían subido 41% y el número de asegurados en el IMSS creció 3% entre 1987 y 1986.

No obstante todo lo anterior, a finales del año las expectativas se revirtieron debido a la caída de las bolsas de valores del mundo, incluso la Bolsa Mexicana de Valores y por elevadas tasas de inflación doméstica.

El 15 de Diciembre de 1987 se suscribe por representantes obreros, empresariales y gubernamentales el que se llamó Pacto de Solidaridad Económica. En dicho pacto el gobierno se comprometió a disminuir el gasto programable de 22 % del PIB en que se situaba en 1987 a 20.5 % en 1988; a elevar el superávit primario de 5.4 a 8.3 % entre esas mismas fechas; a reducir el arancel máximo de importación de 40 a 20%, con una estructura tarifaria de 0 a 20% y a prácticamente sustituir todos los permisos de importación por aranceles; a cambio de eso se devaluó la moneda 22%, se anunció que habría ajustes en el ISR y en otros gravámenes y que a partir del 1 de Marzo los precios y tarifas del sector público se ajustarían de acuerdo con la inflación proyectada.

Con estos acuerdos se lograron sanear las finanzas públicas y se culminó el proceso de apertura unilateral del comercio exterior al costo de que la inflación subió verticalmente hasta casi 180% en el mes de Febrero y de que permaneciera vivo el peligro de mayores incrementos de precios a causa de la indexación del tipo de cambio así como de los salarios mínimos y de los precios y tarifas del sector público. Es con estos indicadores como se logra la apertura de nuevos préstamos internacionales, y como se trata de contrarrestar con las malas decisiones que afectaron a la economía nacional en anteriores períodos.

Es en este período de gobierno cuando ocurre la explosión de la Terminal de gas licuado de San Juan Ixhuatepec, el terremoto de 1985 y la celebración del mundial de fútbol en 1986. El presidente dejó el poder en Diciembre de 1988. Sobrellevó su gobierno entre las tibias aguas de la mediocridad. Dejó pasar dolorosamente, 6 años en un país que no podía perder más tiempo. La pobreza, la desigualdad y el autoritarismo llevaban años lacerando la conciencia social.

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Para no romper la tradición de los últimos sexenios, Salinas de Gortari (el primer economista en la presidencia), inició su gobierno con el país inmerso en la crisis. Su objetivo era consolidar el tránsito definitivo hacia el neoliberalismo. Salinas no legitimó su gobierno con el poder de los votos (pesaba mucho el fraude electoral de 1988), lo hizo ejerciendo la autoridad presidencial.

Con aires modernizadores, el presidente reformó 2 artículos constitucionales que históricamente parecían intocables, los cuales fueron el 27 (para lograr que los campesinos adquirieran la propiedad sobre la tierra que trabajaban) y el 130 (con el que se reconoció la personalidad jurídica de las Iglesias). En noviembre de 1992 se restablecieron las relaciones diplomáticas con El Vaticano.

Su gobierno convenció a los mexicanos de la solidez de la economía y anunció a los cuatro vientos que México pertenecía al primer mundo. Con sus medidas económicas, parte de la sociedad comenzó a beneficiarse. Sin embargo, los índices de pobreza también se incrementaron drásticamente.

El proyecto social más importante de Salinas de Gortari fue el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), cuyo objetivo era atacar la extrema pobreza padecida por las comunidades marginadas.

La gran apuesta personal del presidente fue la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. No importaba la disparidad en las economías ni la incipiente planta industrial mexicana y mucho menos la deuda externa. A pesar de los inconvenientes, el Congreso mexicano dio su voto favorable al tratado.

Tal vez se podría ver que el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con algunas señales por parte de la administración de De la Madrid, como el inicio de un nuevo Estado Mexicano, un Estado que integraría a las grandes economías y para el cual los cambios eran indispensables, y una vez más tendrían que darse en Petróleos Mexicanos para reflejarse en la economía y en la sociedad de nuestro país. Y ciertamente se reflejaron pero con la imagen de un neoliberalismo sin aviso previo.

Al iniciar el sexenio del presidente Salinas, en el ámbito económico una de las primeras tareas que tuvieron que abordar fue sanear las finanzas públicas. Entre los años de 1987 y 1994 el número de contribuyentes no asalariados subió de 1,760,000 a 5,660,000, es decir 222%, y en ese mismo periodo la recaudación del gobierno federal creció 32% en términos reales, no obstante que se redujo la tasa marginal del ISR a personas físicas de 50 a 35%, el impuesto a la renta de las empresas de 40 a 34% y el IVA de 20 y 15 % a 10%. En el último año del gobierno de Salinas se otorgó un subsidio fiscal a los trabajadores que recibían un salario mínimo para elevar sus ingresos entre 7.5 y 10.8 %, así como la exención del ISR a los que ganaban hasta 2 salarios mínimos.

No obstante estas reducciones a los impuestos no compensaron el establecimiento del Impuesto Sobre Activos, gravamen que si bien evitaría la evasión principalmente de empresas internacionales y no afecta a los causantes que cubren el ISR, afectaba a las empresas que efectivamente sufren pérdidas.

En cuanto a los precios y tarifas públicos se incrementaron de conformidad con los acuerdos del Pacto del 10 de Noviembre de 1991: el diesel 9.7% y durante 1992 a razón de 10 pesos mensuales; el gas licuado 2.4% y durante 1992 un incremento mensual de 2.5 %; la energía eléctrica para uso residencial 15.3 % y para industrias 14.5 % en promedio. El aumento a las gasolinas fue mayor para disuadir el consumo y su precio se debía ir adecuando al de los precios internacionales. En la concertación del Pacto de Octubre de 1993 se atenuaron estos aumentos al especificarse que los precios se alinearían a los internacionales y que el deslizamiento de las tarifas eléctricas y de las gasolinas no rebasara 5 % anual.

Durante el gobierno del presidente Salinas, el gasto público disminuyó 25 % en términos reales, mientras que el gasto social paso a ser 54% del gasto programable, esto es sin considerar el servicio de la deuda, cuando en 1989 era de 32 %; este resultado se obtuvo por supuesto por una estricta disciplina fiscal, pero el factor más importante fue el arreglo de la deuda externa.

En 1989 el gobierno propuso a los más de 500 bancos acreedores que representaban la casi totalidad de los créditos contra México, cualquiera de estas 3 fórmulas: o bien una reducción de 35% del saldo de la deuda, equivalente al precio que se cotizaban los papeles mexicanos en el mercado internacional, o bien una tasa de interés fija de 6.25%, o recursos frescos por 4 años. La mayoría decidió por la 1° opción, una importante  minoría por la 2° y unos cuantos por proporcionar recursos frescos.

Es posible pensar que los acreedores aceptaron la oferta mexicana, porque consideraron que el país estaba siguiendo una política económica que garantizaba el pago de sus obligaciones, siempre y cuando se le liberara de una carga insoportable; por otra parte el descuento que aceptaban era el mismo que hubieran tenido que conceder si quisieran vender sus créditos en el mercado secundario. De esta manera la deuda externa paso de 50% del PIB en 1988 a 17%.

Paralelamente la deuda interna disminuyó de 20% del PIB en 1988 a 5% en 1994, gracias a la caída espectacular de las tasas de interés entre estos mismos años; los CETES a 28 días, por ejemplo, bajaron su rendimiento de 52.3% en diciembre de 1988 a 13.6% en Octubre de 1994 y el pago que tenía que realizar el erario por este concepto bajó de 18 a 2.5 % del PIB, o si se prefiere de 44 a 10 % del gasto público debido también a que disminuyó a algo más de la quinta parte el vencimiento promedio de los créditos.

La fuerte reducción del servicio de la deuda permitió incrementar el gasto social en más de 85% durante esta administración.

El arreglo de la deuda pública, sobre todo la interna, se realizó principalmente con los recursos provenientes del alza de los precios del petróleo y los de la privatización. La incertidumbre causada por la Guerra del Golfo hizo que subieran los precios del petróleo considerablemente, con la consiguiente utilidad de los países productores.

El gobierno mexicano consideró que en un tiempo relativamente breve concluiría el conflicto bélico y volverían a su nivel normal los precios y por ello tomó tres medidas precautorias: en primer término en el presupuesto sólo se cálculo la mitad del precio prevaleciente durante el tiempo de guerra; en segundo lugar adquirió opciones a futuros por si la baja prevista fuera menor que la que se diera en la realidad y, por último, las utilidades petroleras por este concepto pasaron a formar un fondo de contingencia que en 1994 se aplicó a cancelar pasivos con el Banco de México por 20 billones de pesos (20 mil millones de nuevos pesos).

Igualmente pasaron a formar parte del Fondo de Contingencia los recursos provenientes de la desincorporación durante el sexenio de 415 entidades paraestatales, 67 % de las existentes en 1988, entre ellas Teléfonos de México y las compañías de aviación, y de los 18 bancos estatizados por López Portillo, que se vendieron en licitación a tres veces su valor en libros y a 15 veces la relación precio-utilidad.

Planteado como de gran trascendencia para el futuro, fue la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), consistente en una prestación para los asalariados, a cargo de los patrones, por 2% del salario integral, para formar fondos para los casos de jubilación, incapacidad, desempleo o fallecimiento. La gran innovación del SAR era de que los recursos captados irían a cuentas individuales con un rendimiento garantizado, de cuyo monto es informado periódicamente cada cuentahabiente.

También importantes fueron primero el nuevo Reglamento a la Ley de Inversiones Extranjeras que eliminó la discrecionalidad en las resoluciones, redujo los trámites y los requisitos y dio seguridad jurídica a los inversionistas; la autorización a las empresas privadas para generar la energía eléctrica que consuman, vendiendo sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y, sobre todo, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN).

Para el TLC, México no contrajo ninguna obligación en materia petrolera; Estados Unidos y Canadá, reconociendo el menor grado de desarrollo de México, abrirían de inmediato su mercado a 84% de las exportaciones nacionales y México sólo 41% correspondiente a bienes de capital e insumos que no producía; el resto se iría desgravando gradualmente en plazos de 5 a 15 años.

La enorme importancia del TLCAN no puede ser minimizada. Para México significa la apertura del mercado más grande del mundo a sus exportaciones, principalmente manufacturas, así como un factor fundamental para la atracción de inversiones y la creación de empleos. Para Estados Unidos y Canadá representa la adición de un mercado dinámico y creciente y una mayor competitividad sobre los productos del resto del mundo.

A mediados de 1994 México ingresó al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por lo que parecía que estaba a punto de concluirse el deseo del presidente Salinas expresado en 1990: “Queremos que México sea parte del Primer Mundo y no del Tercero”.

En cuanto a la renegociación de la deuda externa del país ante la incapacidad de pago de su servicio, se llevó a cabo bajo el esquema planteado por Estados Unidos propuesto con ese fin el Plan Brady para conseguir una reducción del monto y servicio de la deuda externa, lo cual implicó el envío de una nueva carta de intención al Fondo Monetario Internacional y la adopción de una serie de compromisos del gobierno con los acreedores internacionales para la aplicación total del neoliberalismo económico en México, aceptando la condicionalidad cruzada del FMI y del Banco Mundial.

El Banco Mundial y el gobierno del presidente Salinas instauraron en 1989 un programa de acción que incluyó, particularmente en el sector de los hidrocarburos, las siguientes medidas fundamentales: limitar el derecho exclusivo de PEMEX a producir más de 25 petroquímicos secundarios y definir una lista inicial de petroquímicos básicos y definir una lista inicial de petroquímicos secundarios abiertos a la participación del sector privado y alentar un programa de acuerdos cooperativos entre el sector privado y PEMEX, es decir, impulsar una privatización en esa industria.

Los préstamos para la reforma del sector público se orientaron a facilitar y flexibilizar al sector, lo que significó el desmembramiento de PEMEX para la eventual privatización de la misma en pedazos.

Para una “mejor” administración de PEMEX, se decide dividir a la paraestatal en 4 organismos con una función específica cada una:

1.      PEMEX – Exploración y Producción.
2.      PEMEX – Refinación.
3.      PEMEX – Gas y Petroquímica Básica.
4.      PEMEX – Petroquímica.

Estos organismos tendrían el carácter de subsidiarios respecto de Petróleos Mexicanos.

Como hemos podido observar, es en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando por medio de reformas y medidas económicas se procura ir privatizando PEMEX, poco a poco, ya que se presume que con la venta de PEMEX la deuda externa hubiera sido totalmente cubierta. Pero como vender PEMEX no se vería bien en la opinión pública, pues no se ha vendido, aunque el otorgamiento de concesiones para explotar petróleo y gas a empresas extranjeras han ido mermando la autonomía de PEMEX.

Para finales del sexenio salinista, la supuestamente sólida economía mexicana se desmoronó. No se dio mucha importancia a la explotación del petróleo (como fue en el sexenio de López Portillo). Las inversiones en la bolsa abandonaron el país, las grandes reformas económicas establecidas por Salinas demostraron estar manchadas por la corrupción y el autoritarismo  (incluyendo la reprivatización de la banca). Cada una de sus medidas fueron tomadas sin limitaciones, por voluntad presidencial y sin los equilibrios legislativos propios de todo régimen democrático. Al terminar el sexenio los mexicanos despertaron del sueño modernizador y comenzaron a vivir una pesadilla. Los créditos se hicieron impagables, las familias perdieron sus propiedades y la pobreza emergió con mayor brutalidad. El régimen salinista había beneficiado a unos cuantos mexicanos: empresarios, políticos, amigos y familiares del presidente, pero no al grueso de la sociedad.

La crisis económica detonada por el famoso “Error de Diciembre, aunada a la crisis política acontecida en aquél entonces por el levantamiento del grupo insurgente del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), la muerte del candidato presidencial del PRI: Luis Donaldo Colossio Murrieta, así como los asesinatos del cardenal Posadas Ocampo y del político Francisco Ruiz Massieu, ponían la situación difícil para la siguiente administración.

1994 significaría el año en el que el régimen príista fue perdiendo su credibilidad, ya que la crisis económica tanto política ponían tensa la situación. Las cosas no fueron fáciles y el siguiente mandato que iba a ser asumido por Ernesto Zedillo Ponce de León  tendría que resolver estas cuestiones de incertidumbre que rodeaban al país.

Aunque en el mandato salinista se redujo la dependencia que se tenía en la economía nacional al petróleo, eso no significó que los malos manejos en la administración del energético no produjeran parte de la crisis desatada a finales de 1994.  El déficit de la balanza comercial, la alta inflación y una nueva deuda serían los retos a superar en el régimen zedillista.


Fuente: José Antonio Beltrán Mata - México: Crónica de los negros intereses del petróleo.

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